La situación extraordinaria por la que el mundo y el país atraviesan debido a la pandemia ha empujado a los gobiernos a actuar veloz y eficazmente, pero en el caso de nuestra nación, la contingencia que se vive ha servido para justificar la creación de estructuras de control económico con la finalidad de que el tejido social dependa del Estado. Para ello, el camino que ha recorrido la federación ha sido modificar el gasto con decretos, institucionalizando la opacidad presupuestal y buscando hacer permanentes disposiciones que romperían los contrapesos del gasto público.
Una de las estrategias más importantes está encaminada a habilitar al Presidente para que, sin ninguna restricción ni necesidad de acuerdos con el poder Legislativo, modifique drásticamente la composición del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Debido a que la federación posee amplios instrumentos de control que desincentivan la competencia fiscal de los estados, el coronavirus puso en evidencia la fragilidad de las finanzas públicas y agudizó las tensiones que ya de por sí existían con anterioridad entre los titulares ejecutivos y los distintos niveles de gobierno.
Una desconcentración fiscal a corto plazo, a pesar de los potenciales beneficios a largo plazo, ocasionaría muchos daños asociados a las posibilidades que tengan las entidades rezagadas para garantizar servicios básicos a su población, y hacerlo en tiempos de crisis significaría desmoronar al país al dejarlo en un estado de fragilidad presupuestal francamente insuperable, de acuerdo con la organización Signos Vitales (signosvitalesmexico.org.mx). Para darse idea del peso de algunos estados que son sensibles al tema de un replanteamiento del pacto fiscal, veamos lo siguiente.
Según el editorialista del medio digital Código Magenta, Ramón Alberto Garza, estos nueve estados: Baja California Norte, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato producen 430 mil millones de dólares de PIB (Producto Interno Bruto), que es el 35% de la riqueza nacional. Si esos nueve estados fueran una nueva república (al puro estilo de Charles Truxillo) su PIB sería mayor al de Noruega, Emiratos Árabes, Argentina, Irlanda, Israel, Hong Kong o una y media veces la economía de Chile, o el 180% de la del Perú.
Los afanes separatistas son improcedentes, pero el gobierno debería estar tomando más serio el reclamo de un trato más justo que demandan los gobernadores. El presidente tiene dos opciones: o se planta como el responsable que es de resguardar ese pacto federal y se sienta con los gobernadores, o continúa evadiendo su realidad para disfrutar de sus monólogos mañaneros. Una mañana se despertará lamentándose de que no vio venir las consecuencias de gobernar en soledad. agusperezr@hotmail.com
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