/ miércoles 10 de abril de 2019

Ni lo uno, ni lo otro

Mencionar que la libertad significa responsabilidad tiene vigencia. En la campaña del hoy gobernador del estado se nos dijo que los periodistas gozarían de una libertad jamás vista, que la democracia marcaría el rumbo de la administración y que la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad comenzaría por castigar los excesos del “vulgar ladrón”.

A la mitad de la administración, ni lo uno, ni lo otro. La libertad periodística representó el “ni los veo, ni los oigo” y el meter en un solo costal a todos los medios como “chayoteros” y cómplices del gobierno saliente. El castigo a los excesos de la administración anterior resultó con una justicia selectiva, con altibajos y la incapacidad plena para traer a cuentas al máximo exponente de la corrupción gubernamental, y la “democracia” que marcaría el rumbo se quedó demasiado corta ante la intervención del poder Ejecutivo en decisiones legislativas de acuerdo con sus intereses.

Como ejemplo tenemos que en todos los nombramientos de órganos institucionales, incluyendo los supuestamente “ciudadanizados”, está la mano del primer mandatario.

El escándalo en la Auditoría Superior del Estado y en el Instituto Chihuahuense de Transparencia, los cuestionamientos en el Consejo de la Judicatura y hasta en la Fiscalía Anticorrupción retratan claramente la línea planteada desde el segundo piso del Palacio de Gobierno, así como recientemente los intentos de posicionarse hasta en la dirección de la Cámara de Comercio o de la Unión Ganadera.

Seguramente la cereza del pastel que esperan lo sea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos impulsando un personaje que puede ser una mujer, o el sobrino de un magistrado, que sin dudar de su capacidad no representan independencia al frente del organismo derecho humanista precisamente por su cercanía con el grupo gobernante o con el partido de donde emana. Resulta preocupante que uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso, responsable de la elección de la terna, declare que debe ser una mujer, como si el género fuera determinante para la elección.

Y lo pretenden en medio de otro escándalo por la demanda presentada por el consejero Joaquín Sotelo ante la duda sobre la elección de jueces y magistrados, en quienes recae la responsabilidad de la impartición de la justicia para miles de chihuahuenses que anualmente acuden al poder Judicial con más de 10 mil juicios y que ahora tienen que sujetarse a la decisión de jueces y magistrados señalados por un ejercicio donde se denuncian actos de corrupción que deberá aclarar precisamente la recién nombrada fiscal anticorrupción a quien debemos recordarle que la justicia debe ser pronta y expedita.

vicmedina@hotmail,.com


Mencionar que la libertad significa responsabilidad tiene vigencia. En la campaña del hoy gobernador del estado se nos dijo que los periodistas gozarían de una libertad jamás vista, que la democracia marcaría el rumbo de la administración y que la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad comenzaría por castigar los excesos del “vulgar ladrón”.

A la mitad de la administración, ni lo uno, ni lo otro. La libertad periodística representó el “ni los veo, ni los oigo” y el meter en un solo costal a todos los medios como “chayoteros” y cómplices del gobierno saliente. El castigo a los excesos de la administración anterior resultó con una justicia selectiva, con altibajos y la incapacidad plena para traer a cuentas al máximo exponente de la corrupción gubernamental, y la “democracia” que marcaría el rumbo se quedó demasiado corta ante la intervención del poder Ejecutivo en decisiones legislativas de acuerdo con sus intereses.

Como ejemplo tenemos que en todos los nombramientos de órganos institucionales, incluyendo los supuestamente “ciudadanizados”, está la mano del primer mandatario.

El escándalo en la Auditoría Superior del Estado y en el Instituto Chihuahuense de Transparencia, los cuestionamientos en el Consejo de la Judicatura y hasta en la Fiscalía Anticorrupción retratan claramente la línea planteada desde el segundo piso del Palacio de Gobierno, así como recientemente los intentos de posicionarse hasta en la dirección de la Cámara de Comercio o de la Unión Ganadera.

Seguramente la cereza del pastel que esperan lo sea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos impulsando un personaje que puede ser una mujer, o el sobrino de un magistrado, que sin dudar de su capacidad no representan independencia al frente del organismo derecho humanista precisamente por su cercanía con el grupo gobernante o con el partido de donde emana. Resulta preocupante que uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso, responsable de la elección de la terna, declare que debe ser una mujer, como si el género fuera determinante para la elección.

Y lo pretenden en medio de otro escándalo por la demanda presentada por el consejero Joaquín Sotelo ante la duda sobre la elección de jueces y magistrados, en quienes recae la responsabilidad de la impartición de la justicia para miles de chihuahuenses que anualmente acuden al poder Judicial con más de 10 mil juicios y que ahora tienen que sujetarse a la decisión de jueces y magistrados señalados por un ejercicio donde se denuncian actos de corrupción que deberá aclarar precisamente la recién nombrada fiscal anticorrupción a quien debemos recordarle que la justicia debe ser pronta y expedita.

vicmedina@hotmail,.com