La mayoría de los consejeros ciudadanos del INE decidió aplazar algunas actividades para realizar la consulta de la revocación de mandato, ya que argumenta no contar con los recursos necesarios para llevarla a cabo.
La estrategia del presidente de este organismo y de quienes lo apoyaron de presionar al gobierno para que se le aumente su presupuesto les salió contraproducente, pues su decisión fue tomada por sus contrincantes como una treta para no cumplir con la citada consulta.
Así en lugar de poner en una situación debatible la reducción presupuestal que le hizo la Cámara de Diputados (casi 5 mil millones de pesos), los consejeros ciudadanos ahora son los que están en el banquillo de acusados.
De acuerdo a varios analistas la falla estratégica fue no haber concluido primero el recuento de las firmas necesarias para que se lleve a cabo la consulta y en caso de que se cumpliera con el requisito entonces demandar los recursos adecuados para realizarlo como lo establece la Constitución Política.
La errónea anticipación de los consejeros del INE los expuso a una fuerte arremetida por parte del partido en el poder iniciando las críticas en las conferencias mañaneras y concluyendo con la demanda de algunos diputados federales morenistas de aplicarles un juicio político.
La carencia de presupuesto para llevar a cabo esta votación nacional fue enviada como una controversia constitucional por el organismo electoral a la Suprema Corte, pero ésta falló que debería cumplir con su deber de realizar la consulta de revocación de mandato como está programada, o sea para el mes de abril del 2012.
A los consejeros electorales no les quedó otra que declarar respetarían la decisión de la Corte, pero a la vez apelaron su inconformidad con la misma.
De esta manera ahora los directivos del INE están confrontados con los tres poderes federales por su errónea acción de intentar posponer algunas actividades por carecer de los recursos y los seis consejeros que aprobaron esta medida se metieron en un desgastante conflicto que sólo alegra a sus enemigos y coloca en una difícil condición al organismo electoral.
Creado como IFE desde 1990, el actual instituto nacional electoral es un organismo autónomo fruto de las reiteradas demandas de la oposición para que no dependiera del gobierno federal.
La independencia del INE se logró hasta con la reforma constitucional de 1996 cuando sus consejeros deberían ser ciudadanos y podrían tomar los acuerdos sin depender de la representación oficial o de los partidos.
Complemento de esta modificación fue la creación del Tribunal Electoral de la Federación, última instancia jurídica que decide sobre las controversias y demandas electorales.
El cambio a organismo autónomo del entonces IFE le abrió el espacio a la oposición en las elecciones de 1997 cuando por primera vez en su historia el partido oficial perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y el PRD logró llevar a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a Cuauhtémoc Cárdenas.
La ciudadanización del instituto electoral, con todo y sus fallas, fue la que permitió también por primera vez en la era posrevolucionaria la alternativa partidista en este siglo. Por esta y otras razones que sería largo anotar el INE debería continuar con su calidad de organismo autónomo para lo cual se requiere dejar a un lado la confrontación estéril y priorizar los acuerdos institucionales.
