Por: José Enríquez
AMLO sacude de nueva cuenta al sector empresarial con la reciente iniciativa de reforma enviada al Congreso de la Unión. La reforma es en general un instrumento para que el Ejecutivo tenga todas las facultades de la producción de electricidad.
De acuerdo con Guillermo García Alcocer, ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), CFE produce el 65% de la electricidad en México. La iniciativa obliga a la CFE a que ésta produzca por lo menos el 54%, con lo cual ya se establece que la intención no es generar más espacio a la iniciativa privada y sólo establece un rango prudente para no caer en incumplimiento.
De entrada, en el segundo artículo transitorio en su inciso a) se establece que todos los contratos se cancelan. Operativamente esto es imposible, ya que, hoy por hoy, la CFE necesita de los privados para poder operar. ¿La energía suministrada por las empresas será entonces entregada de forma ilegal? o ¿Tendremos apagones masivos al estar las empresas imposibilitadas a suministrar la energía? Queda también incierto lo relacionado a los esquemas de autogeneración, sobre todo aquellos donde se utiliza la red de trasmisión de la CFE.
Otro tema de preocupación es la cancelación de los órganos reguladores de energía: la CRE, la CNACE y la CNH. Estos organismos funcionaron como un buen contrapeso a los abusos, ineficiencias, y corrupción dando mucha certidumbre y orden al mercado de generación eléctrica. Adicionalmente la CFE deja de ser una empresa y se convierte en un organismo del Estado. Ahora el Ejecutivo de forma unilateral tendrá la rectoría sin límite de la generación, control y distribución de la electricidad. Esto pondrá en desventaja a las empresas que suministran electricidad a la CFE, ya que los términos y condiciones serán fijados de forma unilateral. Desafortunadamente es la tormenta perfecta para que se den prácticas de corrupción.
Adicionalmente, se cancelan los certificados de energías limpias, un golpe duro al incentivo del uso de energías sustentables y por ende un panorama poco alentador para la protección del medio ambiente. Con esto se pone en riesgo lograr cumplimiento del compromiso que firmó México ante la ONU en el 2015 de producir el 35% de electricidad con energías renovables para el año 2024.
La sorpresa fue la determinación de nacionalizar la explotación del litio y de minerales estratégicos. Este mineral, ampliamente utilizado para la fabricación de baterías, no es un mineral importante en la producción o distribución de energía eléctrica. Es conocido por todos que el presidente ha tenido en su agenda la nacionalización del litio, por lo cual seguramente aprovecharon la coyuntura para meter esta iniciativa en el paquete.
Esta iniciativa y la cancelación del Aeropuerto de la CDMX están cortadas con el mismo patrón. Se hace a un lado a la inversión privada cueste lo que cueste. Los efectos son claros: Más incertidumbre para el inversionista nacional y extranjero; incertidumbre para los que tengan contratos vigentes con autoridades; generación de oportunidades de abuso y corrupción; afectación en la calidad del suministro de bienes y servicios; reducción de la participación ciudadana, y un país con menor democracia y estado de derecho.
Si algún diputado federal leyó este artículo recuerden que representan los intereses de los ciudadanos y no de sus grupos. Vota por México y por la protección del medio ambiente.
