Eduardo Fernández Ponce
En 1987 bajo un verano lluvioso tres jóvenes estudiantes acampaban cerca de la laguna de Arareco, en un viaje de aventura, cuando repentinamente fueron ultimados por una gavilla que con frecuencia delinquía en esa región. Pronto la noticia cimbró a la sociedad que aunque era notorio el cultivo de enervantes en algunos predios de Guadalupe y Calvo y otros apartados municipios, el número de homicidios no generaba “seria” alarma en esa vasta región de 65 mil kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie de Campeche y Colima juntos.
Hoy son cientos de homicidios que circundan sobre una diversidad delictiva y orografía ideal para esos cultivos con una demanda extraordinaria de consumidores nacionales y estadounidenses. Si a ello agregamos 86 mil indígenas (dentro de los 147 mil pobladores de la región) dentro del parámetro crítico de la medición multidimensional de una pobreza inigualable que los obliga a migrar. Víctimas de un sistema educativo construido desde la discriminación y el racismo sin un sustento real de calidad y desempeño como cualquier país de África meridional. De igual forma la incorporación de los niños indígenas al sistema educativo es tardía, además de una alta deserción a las aulas, lo que indica bajos rendimientos.
En el universo laboral se puede establecer un paralelismo entre el trabajo agropecuario y el doméstico; en el caso de las mujeres aunque dicho trabajo no es remunerado se considera fundamental para la supervivencia familiar, de cualquier forma, los ingresos son menos que raquíticos. Su precaria economía los obliga en sus trabajos artesanales a usar materia prima de muy baja calidad, aun cuando la elaboración implique gran cantidad de tiempo y labor artística.
Se supone que ahora se busca la descolonización, donde se debe reconocer el “buen vivir” del indígena en oposición a la noción de progreso y de desarrollo eurocentrado promovido por el Estado y de las iglesias. Lo cierto es que el detonante negativo lo viene a dar la inseguridad en la Tarahumara que se ha venido incrementando en los últimos 15 años y que comparativamente con Somalia, Kenia, parte de Mozambique, Libia, Yemen y Mali quedaríamos sorprendidos, si se revisan las estadísticas de homicidios por cada 100 mil habitantes. El informe anual 2021 de la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito, además de indicarnos que 6 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo son mexicanas; asimismo la región Tarahumara incrustada en el conocido “triángulo dorado” es una de las cuatro zonas más fatídicas del planeta por delincuencia. Dicho “triángulo dorado” fue creado “artificialmente” por los gobiernos postrevolucionarios de los años 40 compuesto por militares con un constante trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. El entonces coronel Esteban Cantú, gobernador del territorio de Baja California, firmó un decreto en 1915 que contrarió disposiciones federales y acuerdos internacionales para gravar a fábricas chinas de opio y pago por importación del narcótico.
Se trata en resumen de “reconocer” que la Tarahumara por abandono, tala inmoderada, desnutrición, corrupción, etc., pronto se convertiría en una tierra fértil para la delincuencia, además de la complejidad de sus problemas, por ello la urgencia de redefinir una estrategia única de los gobiernos contra la delincuencia “que sí es organizada”.
