Como diría el abogado José Arrieta Caro, la justicia es un producto misterioso por la extraordinaria dificultad de saber bajo qué condiciones, la decisión que resuelve un conflicto, es justa. Esto aplica en el caso del político y economista Emilio Lozoya Austin, acusado por los sobornos que la constructora Odebrecht realizó durante su periodo como director de Pemex y que repartió dinero a distintos personajes y partidos. Con todo, el proceso que se seguirá no es del todo claro si se parte del hecho de que el régimen está más interesado por sacarle provecho político que en hacer justicia.
Y hasta ahora, el mejor uso que se le ha dado es la de amedrentar a los actores políticos opuestos al régimen, aprovechando la imprecisión y relatividad de los hechos probados y el sentido de la ley. Tal como se usó, por un tiempo, el avión presidencial, se usará a Lozoya para distraer la atención pública de los problemas económicos y sociales que aquejan a la actual administración, mientras se encuentra otro tema con dividendos políticos. Y aunque haya analistas que crean que la mejor ganancia política sería hacer justicia, en realidad, nunca veremos un juicio, ni de él ni de nadie.
Bien diría Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con la periodista Carmen Aristegui, que “juzgar a grandes corruptos es conspirar contra la estabilidad del país”. Entonces, la única alternativa posible es y, sólo puede ser, conocer todos los pecados del enemigo, y burdamente, chantajearlo, aprovechando todas las cadenas posibles de delatores. El episodio, tan popular, del jurado leyéndole la condena al acusado no lo veremos más que en el cine, en la televisión y en nuestra imaginación. No es el gobierno probando la culpabilidad ante la gente, sino buscando un beneficio.
La enorme cantidad de recursos de tiempo y dinero que consumen los procesados estancados en el sistema y la discrecionalidad de los fiscales para atribuirle a los imputados todos los delitos que revelan los hechos del caso, contribuye de un modo concluyente a que el escrutinio propio de un juicio, deje de llevarse a cabo, lo que da margen a que el papel fiscalizador del juez sea residual, permitiendo maniobras políticas amparadas en la ley, lo que vemos es una aportación de nuestro sistema de justicia que permite al gobierno beneficiarse discrecionalmente del caso Lozoya.
Para el régimen de la Cuarta Transformación (4T), el sistema de justicia está bien como está y no cambiará, salvo para solapar decisiones arbitrarias de individuos en el poder, o beneficiar a sus allegados con los criterios de oportunidad. En el futuro inmediato, la única reforma que veremos, serán los juicios, como tales, transformados casi en un souvenir del pasado, y su lugar ocupado, especialmente en casos con carga política, por acuerdos negociados. No esperemos para el acusado una “prueba más allá de la duda razonable”, sino un riesgo razonablemente alto de condena.
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