Durante el actual gobierno federal se ha manifestado la estrategia de “borrón y cuenta nueva”. Esto es, ante la duda del funcionamiento de algún organismo o programa, primero lo “elimino” y después veo qué hacer. Ante la posible falta de transparencia y corrupción, en días pasados se eliminaron gran cantidad de fideicomisos relacionados con desarrollo, investigación, ciencia, tecnología, ambiental, desastres, etc.
El fideicomiso es un contrato por cual una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite y destina determinado patrimonio (bienes o derechos) a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio. Es decir, un fideicomiso público es un fondo que obtiene y administra recursos públicos para cumplir un fin específico. Cada fideicomiso tiene sus reglas, y el ejemplo más claro es el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), del que salen los recursos que se asignan para responder a emergencias como sismos o huracanes, etc. Se han utilizado para responder a necesidades y demandas de la sociedad, así como impulsar el desarrollo económico del país.
No se duda de la posible corrupción en este tipo de esquemas que finalmente da una cierta seguridad para cumplir con un fin determinado. En los fideicomisos públicos, el fideicomitente (quien da los recursos) va a ser alguien de la administración pública federal, generalmente la Secretaría de Hacienda. Hay algunos que tienen estructura donde hay empleados que trabajan para eso y en este caso son fideicomisos que se consideran entidades paraestatales. Los que no tienen estructura toman decisiones de acuerdo con un comité técnico específico. Estos son los que el gobierno decomisó o extinguió. Todos los fideicomisos que manejan recursos públicos son auditables y se rigen bajo los principios aplicables de transparencia y rendición de cuentas porque son recursos públicos. Si había un destino definido de recursos, esos fines u obligaciones se eliminan.
Lo más lógico hubiera sido cambiar o actualizar los mecanismos de rendición de cuentas, no eliminar los fideicomisos. Probablemente el caso más notorio es el fideicomiso para desastres naturales y el fideicomiso de ciencia y tecnología.
Si de por sí, al gobierno actual o no le entiende, que es lo más probable, o no le interesa impulsar la ciencia y la tecnología, ahora imaginemos sin apoyos destinados a este fin. O más serio todavía, en la administración de personas con una mentalidad reducida.
Ya en otros casos, como las guarderías, vemos que la estrategia de “eliminar y después vemos que hacemos”, ha resultado en un abandono de actividades. Podemos imaginar el fondo para apoyar en caso de desastres naturales, administrado por personas, cuyo único propósito es la compra de mentalidades, argumentando apoyo a los grupos vulnerables.
