Por: Amín Anchondo
Estamos por iniciar los periodos de transición en diferentes niveles de gobierno y de poderes. Esta etapa es de suma importancia que se dé en un proceso transparente y que la sociedad pueda saber exactamente en qué situación se dejan y se reciben los gobiernos o los puestos públicos. Algo en lo que debemos enfocarnos es que las actas de entrega-recepción sean públicas. Por lógico que parezca esto no es común, lo que ha sucedido es que los comités de transparencia clasifican como reservadas esas actas y por lo tanto la información no será de acceso público en los años venideros.
Inicié con este tip ciudadano porque también ya iniciamos pláticas con la próxima síndica del municipio de Chihuahua para lo que será el proceso de entrega-recepción. Las próximas administraciones de las sindicaturas tendrán un tema que definiría el futuro de las propias. Este proceso electoral ya concluido podría incluso haber sido el último en el que se eligieron a los síndicos por elección popular. Cosa que sería negativa para la sociedad si así sucediera.
Menciono lo anterior debido a que será en esta próxima legislatura cuando se tenga que reformar la constitución del estado para solventar lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo referente a la controversia constitucional que se puso en 2017 para quitarle a las sindicaturas la facultad de ser el Órgano Interno de Control, mismo que tiene el poder de sancionar servidores públicos. La realidad es que esta facultad nunca se ejerció, aunque así venga actualmente en la constitución del estado por la resolución que se dio en la corte. Pero la discusión apenas viene porque se tendrá que reformar y ahí es donde entran diferentes voces que pretenden desaparecer las sindicaturas.
Es importante reconocer que de la forma en las que están constitucionalmente diseñadas las sindicaturas no es lo óptimo. Tiene muchas lagunas legales que hacen que todo el trabajo sea más complicado y en ocasiones llegar a un impase para poder solicitar información a dependencias municipales. Pero esto no da razón para la desaparición sino para la discusión real de cómo podemos acomodar esta figura dentro del sistema estatal anticorrupción para que sea un engranaje más y no uno menos.
Chihuahua es el único estado del país que tiene la figura de la síndico por elección popular directa y no como parte de la planilla de las presidencias municipales. Lo cual implica que es el único estado donde las presidencias municipales realmente tienen un contrapeso con legitimidad política y electoral para revisar las cuentas públicas. Por eso es importante sostenerlo para poder asegurarnos que las cosas se vayan haciendo cada vez mejor. Hoy más que nunca entendemos como sociedad la importancia de los pesos y contrapesos en nuestra democracia en el ámbito federal, pues lo mismo tenemos que cuidar en el plano local. No creamos que se cuece aparte. En todos los niveles deben existir contrapesos reales para asegurar el progreso y no la regresión o el autoritarismo tanto del presidente de la República como de los alcaldes.
