El fin de semana pasado, Chihuahua fue nuevamente el centro de la nota negativa, cuando se vieron involucrados dos hechos que pudieran trastocar el ámbito de las elecciones locales, por el asesinato de una candidata y un dirigente de partido.
Por un lado, está el secuestro y posterior asesinato de Liliana García, candidata por el PRD a regidora en Ignacio Zaragoza, sitio donde las elecciones ya habían sido punto de jaloneos por parte de personas pertenecientes a grupos delictivos que se niegan a tener a personas que no les sean convenientes en el poder, para sus operaciones.
Además, e igual de lamentable, está el secuestro y asesinato del dirigente municipal del Partido Encuentro Social, Eduardo Aragón, quien había sido buscado de manera intensa por familiares y amigos. La búsqueda terminó cuando el cuerpo sin vida fue localizado.
Ambos casos sucedieron con diferencia de horas. En medio de la confusión, diversos líderes de partidos hablaron de lo que se debía hacer, algunos se precipitaron tanto que ni siquiera los datos de las víctimas tenían bien, como en el caso de Morena, lo que habla de la necesidad o “necedad opinativa” que se tiene para trata de acaparar el reflector y simpatías, que con mucha fe se puedan convertir en votos.
Más que urgir, reclamar y repartir culpas, sólo una postura se vio propositiva en medio de toda la oleada de reclamos y fue precisamente la del dirigente estatal del PRD, quien llamó a la acción inmediata para tener una reunión urgente entre dirigentes partidistas, organismos electorales, mandos policiacos de los tres órdenes de gobierno y el Ejército, para frenar el clima de inseguridad que se presenta ahora en el ámbito electoral del estado.
Pero el dirigente fue más allá y habló de cancelar elecciones, porque lo ocurrido este fin de semana encendió los focos rojos para el proceso electoral, pero el fiscal general, César Augusto Peniche, en pocas palabras dijo que no es para tanto porque se garantizan las condiciones necesarias para un proceso electoral en paz y social, en pocas palabras que no hay focos rojos.
Consultada al respecto la autoridad electoral, confirmé que la Ley no tiene previsto este supuesto, así que no hay un procedimiento para ello y tampoco es que estén abiertos o interesados en buscarlo, pues su interés está en la razón de su existir: la organización de las elecciones.
Lo que se debe considerar también es la percepción. En tanto no se comuniquen (ya no digamos se pongan de acuerdo porque sería muy difícil), el mensaje que se envía a la ciudadanía es que hay un desorden y que quizá no sea seguro salir a votar. Ese es el mayor riesgo y a eso es a lo que ciertos grupos le apuestan.
Ojalá que esto haya sido sólo un hecho aislado real, no como los “aislados” de cada tercer día y que en delante no se presenten más acontecimientos que enturbien no sólo el proceso actual, sino el vivir cotidiano de la entidad.
