La semana pasada el presidente envió un paquete de 20 reformas constitucionales al Congreso para su análisis y discusión. Quiero hablarles particularmente de la que reforma el artículo 123 en materia de vivienda, la cual, refrenda el compromiso de la Cuarta Transformación con este detonador de derechos que es la vivienda y que busca modificaciones que permitan hacer más accesible este derecho y que más personas puedan llamar al espacio en el que viven, su casa.
La propuesta a dicho artículo tiene el fin de ampliar el mandato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para que este organismo no sólo ofrezca opciones de financiamiento, sino también pueda involucrarse en la construcción habitacional y ofrecer esquemas de arrendamiento a los afiliados.
Desde 1992 el Infonavit dejó de construir vivienda, dejando de lado una visión social a este bien y poniéndola a merced de constructoras que en muchas ocasiones, más allá del derecho que esta representa, se le ve única y exclusivamente como un negocio, lo cual ha devaluado en sobre manera a la vivienda.
Otro de los cambios más importantes que plantea esta reforma, es la implementación de un nuevo esquema de arrendamiento social que convertiría al Infonavit el casero y a las personas trabajadoras en sus inquilinos. Esté esquema señala que de la vivienda que el Infonavit construya, habría la posibilidad de rentar dicho espacio, y después de 10 años, si la persona trabajadora lo desea, podría comprar dicho inmueble, y la renta de esos años, pasaría a ser parte de la cuenta total para la adquisición de la misma.
Vale la pena aclarar también que la renta que cobre el Infonavit, no podrá ser mayor al 30 por ciento del sueldo de la persona trabajadora, evitando poner en riesgo la calidad de vida de las personas y haciendo muy accesible la adquisición de este bien.
La reforma propuesta iría acompañada de cambios en las leyes secundarias de corte administrativo para evitar que el Infonavit no caiga en mora y no tenga problemas financieros.
Contar con esquemas de arrendamiento público accesibles es parte de la política pública que se inició en esta administración, y que tuvo como objetivo lograr que cada vez más personas puedan tener acceso a una vivienda, porque aún no es suficiente que en 50 años de vida, el Infonavit haya entregado 12.8 millones de créditos, pues existe un déficit cuantitativo de 8.2 millones de hogares.
La política de vivienda requiere más opciones de compra o arrendamiento social accesibles y que sean las personas las que puedan escoger cuál es la que más les conviene, y eso es precisamente lo que se ha hecho desde este gobierno y lo que muy seguramente se hará desde la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum.
