Los gobiernos, como cualquier empresa o casa, hace sus compras para poder realizar sus actividades. El sentido común dicta que siempre se deben de buscar los mejores precios, calidad y servicios. Sobre todo cuando el dinero es público y le pertenece a toda la ciudadanía. Aunque tristemente el sentido común, a veces, no es tan común en el servicio público. Está tan normalizada la corrupción en las compras públicas, que ya es un cliché decir que “la licitación estaba dirigida” y poco se hace para mejorar esto.
Para poder mejorar los procesos de compra en los gobiernos se implementaron tres tipos de mecanismos para realizarlas: adjudicación directa, que es cuando el gobierno decide a quién comprarle directamente; licitación por invitación a tres proveedores, que es cuando el gobierno invita a tres concursantes para que hagan sus propuestas y selecciona a la mejor opción; licitación pública, que es cuando se convoca al público en general a presentar sus propuestas y se selecciona a la mejor en cuanto a precio, calidad y servicios.
La ley es muy clara al decir que la norma debe ser que todas las compras se hagan por la vía de la licitación pública, pero deja la opción de poder adjudicar cuando los montos son menores a $1’200,000 cosa que es aprovechada siempre, pero no debería ser. Siempre se debe preferir la licitación aunque el monto sea bajo, para poder asegurar la participación de todos los interesados y conseguir las mejores condiciones.
Pero que sea una licitación pública no significa que esté libre de riesgo de corrupción. Los últimos escándalos grandes de corrupción han sido por compras simuladas o procesos de compra viciados que muchos de ellos han sido por licitación pública. Pareciera que existen profesionales dedicados a generar esquemas de corrupción que son cada vez más sofisticados y difíciles de acreditar.
Algunas de las formas en las que se le puede dar vuelta a la ley son: favoritismo, concurso dirigido, contratos fraccionados, sobrecosto, plazos cortos, colusión, empresa fantasma, entre otros.
Estos diferentes esquemas o alarmas de posible corrupción deben ser siempre vigiladas por la ciudadanía y por las entidades de fiscalización para poder detectar posibles riesgos de corrupción en las compras públicas.
Para poder hacer este ejercicio de forma más fácil y sistemática, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en conjunto con México Evalúa, diseñaron un sistema que denominaron “Mapeando la corrupción” donde se ingresan los datos más importantes de un proceso de compra y éste arroja los indicadores necesarios para detectar riesgos con los parámetros antes descritos.
Este próximo jueves 1 de octubre presentaremos los resultados de este estudio para el municipio de Chihuahua de todo el año 2018 y 2019. La Sindicatura de Chihuahua en conjunto con el Imco, en el marco del Encuentro Nacional Anticorrupción 2020, presentarán los indicadores y algunos hallazgos interesantes. Dejemos de normalizar la corrupción en las compras públicas y comencemos a combatirla poniendo el piso parejo para todos los concursantes.
