Con el paso de los días todas las observaciones coinciden en que el Huracán Otis está entre los fenómenos naturales más intensos de que se tenga registro.
La velocidad y la aceleración de sus vientos, con un promedio en su clímax superior a 270 kph y rachas próximas a 330 km h; así como su rápido ascenso de tormenta tropical a categoría cinco lo sitúan entre los tres huracanes con mayor potencial para devastar los territorios por donde circuló.
Sin embargo, a ello debe sumarse el hecho de que la mayor intensidad de sus vientos se concentró en la zona urbana de Acapulco, con una precisión desconocida en otros meteoros semejantes.
Dada su aceleración que, en menos de dos horas, escaló la velocidad de sus vientos de 150 a 270 km h, las alertas y prevenciones fueron claramente insuficientes; al punto que se tienen decenas de testimonios de personas que no tuvieron oportunidad alguna de salvaguardar a sus familias y a su patrimonio.
Por estos cuatro factores: velocidad, aceleración, concentración territorial y escaso tiempo para establecer la operación del sistema de protección civil la magnitud de los daños es enorme y prácticamente generalizada; de modo que no hay barriadas, zonas residenciales o comerciales cuyas afectaciones sean menores. Aquí está la clave: Otis se yergue como el fenómeno natural que mayor daño ha causado a una comunidad mexicana.
Pero también debe reconocerse que la devastación material no causó pérdidas humanas equivalentes a su magnitud, y esto, aunque los críticos del presidente se nieguen a aceptarlo, fue producto del azar; reconocerlo no disminuye en nada el dolor de quienes sobrevivieron a sus víctimas, ni el de quienes, con empatía, nos solidarizamos con el infortunio de las familias afectadas.
Pero ahora debemos evaluar las capacidades y estrategias del Gobierno Mexicano para enfrentar los daños que causó Otis en Acapulco y los municipios y poblaciones aledañas.
Primero examinaré el potencial del gobierno de la 4T para reparar en el menor plazo posible, los daños a la infraestructura, redes de servicios, equipamiento urbano, edificaciones y establecimientos económicos, educativos y de salud; así como aquellos relacionados con el empleo e ingresos de los empresarios, trabajadores, familias y personas más vulnerables de este amplio territorio de Guerrero, que como es sabido, está entre las tres entidades más pobres de México.
La medida de ese potencial nos la ofreció el presidente López Obrador expresando, en palabras más, palabras menos, que no existían límites para apoyar la reconstrucción de Acapulco, bajo un orden de prioridad en el que primero aparecen los más vulnerables.
Luego vino el respaldo financiero de corto plazo que la Secretaría de Hacienda fijó, por ahora, sólo por ahora, en 65 mil millones de pesos; en esta línea luego tuvimos la presentación del plan para reconstruir las zonas afectadas, que comprenden 20 acciones precisas entre las que destacamos apoyo a la búsqueda de los desaparecidos; prórrogas para los pagos de Infonavit, Fovissste, Seguro Social; exención de pagos a la CFE, distribución de canastas básicas, apoyos económicos a hogares afectados y exenciones de Impuestos e inversión en infraestructura pública; a lo que se suman distintos apoyos a empresarios para restaurar las actividades económicas propias del puerto y de las otras comunidades lastimadas.
A pesar de que la oposición a esta propuesta presidencial se centra en la idea de que los recursos y las acciones son insuficientes, lo que debemos destacar es que en las propuestas del gobierno de la 4T se aprecia que el país cuenta con un Gobierno que tiene la solvencia financiera, flexibilidad técnica, una filosofía social a favor de las comunidades en situación de vulnerabilidad y una voluntad manifiesta para, en un plazo relativamente breve, reconstruir Acapulco y todas sus localidades vecinas.
Desde luego que los críticos, con su memoria selectiva, son incapaces de recordar que ninguno de los gobiernos conservadores tuvo estas capacidades para atender los desastres naturales que se presentaron en su tiempo; a pesar de que en lo que va del siglo ninguno tuvo el impacto de Otis, nunca conocimos una respuesta inmediata a las tragedias climáticas que enfrentaron y, mucho menos, la capacidad técnica, la voluntad política y, ante todo, la honradez para reparar los daños.
Para dar cuenta de estas capacidades, solvencia moral y financiera sólo me referiré a los posibles impactos que tendrán, en los meses siguientes, sobre el territorio afectado, los programas presupuestarios que administra, con inigualable eficacia, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Destacaré que a diferencia de otros tiempos estos programas y otros más que dirige la Secretaría del Trabajo, para garantizar condiciones dignas de trabajo a la población obrera y campesina de nuestro México, constituyen la mejor protección para evitar que los grupos más vulnerables resientan y sufran las consecuencias de este fenómeno climático.
En principio, la estabilidad eficiencia y oportunidad con que se realiza el reparto de todos los apoyos, entre los que destacan los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, el de Personas con Discapacidad Permanente; Sembrando Vida, y en especial, el de Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural son la mejor garantía de que en los siguientes meses los segmentos más vulnerables dispondrán de estos recursos; sin riesgo alguno de que puedan extraviarse en el camino como solía ocurrir en el pasado con frecuencia abrumadora.
La flexibilidad con que se manejan estos programas permitirá que los recursos se entreguen por adelantado, que la cobertura se amplíe a quienes, por distintas razones, teniendo el derecho no han recibido estos beneficios, y sobre todo, como ya se ha anunciado, que el monto de los apoyos y pensiones recibidas se eleve significativamente.
Pero el lector ha de saber que justo en las entidades más pobres de México es donde las coberturas de estos programas son más elevadas y como evidencia de ello tenemos que las asignaciones a Guerrero a través de los programas en favor de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y el de Sembrando Vida; tienen una amplia cobertura, superior a la registrada en los estados con grados más elevados de desarrollo.
Pero hay más, esa flexibilidad y la importancia que se otorga a las personas en situación de vulnerabilidad permitirá que mediante modificaciones presupuestarias, a través de estos programas y otros más, como lo es el caso de los 14 mil millones que se destinarán a becas para estudiantes de Educación Básica, los recursos destinados a atender a las personas afectadas puedan ampliarse notablemente.
No hay duda que el Gobierno del presidente López Obrador tiene toda la experiencia y capacidad para mejorar en el corto plazo la situación de las personas más afectadas por el Huracán Otis.
Sin embargo, cuenta con un ejército de más de dos mil servidoras y servidores de la Nación que con una experiencia de cinco años ahora mismo se encuentran en Acapulco, recorriendo palmo a palmo todo su territorio para hacer un minucioso recuento de los daños, para entregar en los próximos días, tanto los apoyos ordinarios como los emergentes que el Gobierno de la República recién ha dado a conocer.
Finalmente, sólo me queda reconocer y expresar mi admiración a todos y cada uno de este ejército de seres humanos que llevan a este puerto la mística del humanismo que ha caracterizado a este gobierno, así como a todo el personal de la Secretaría de Bienestar que, con su esfuerzo, contribuyen a que Acapulco renazca para continuar honrando su nombre y desde luego su historia.
