Hace ya una semana entró en vigor el llamado T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que es la versión revisada del Tlcan. Todas las empresas y organizaciones que de alguna manera tienen entre sus clientes, proveedores o algún flujo entre estos países entraron, a partir de la semana pasada, a una nueva época de relación comercial, laboral, fiscal, de corrupción y aspectos migratorios, entre otros.
Entre algunos cambios sustanciales están: entra la autocertificación de origen con reglas más estrictas y más documentación. Algunas empresas deberán buscar o desarrollar nuevos proveedores y evaluar los beneficios de la localización de la producción actual, o incluso rediseñar o crear nuevos productos para atender requerimientos estratégicos, de procesos, tecnológicos, organizacionales y de personal. Desde el punto de vista legal, se integran nuevas disposiciones en materia de comercio digital, incluidos temas de productos digitales, transacciones electrónicas, autenticación y firmas electrónicas y ciberseguridad, entre otros. Evaluar el impacto de las acciones en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. También, en cuanto a cuestiones de corrupción, las disposiciones elevan los estándares y expectativas sobre los programas de cumplimiento adoptados actualmente por las empresas mexicanas, y la necesidad de adaptarlos al contexto particular de negocios y a las circunstancias específicas de cada compañía.
Para las empresas que de una u otra manera son impactadas por este nuevo tratado deberán mínimo: Realizar un análisis integral de la empresa para ver su futuro. Anticiparse o reaccionar oportunamente para mantener los márgenes operativos y el cumplimiento regulatorio simultáneamente ¿será negocio? Definir cómo y dónde hacer negocios para optimizar márgenes y crear nuevas oportunidades. Trabajar un equilibrio entre cumplimiento regulatorio y complejidad operacional.
Existen otros aspectos que habría que considerar en esta nueva versión del T-MEC. Por un lado, las reglas de origen, esto es el porcentaje de producción, por ejemplo, de un auto ligero en la anterior versión era del 62.5%, en esta nueva versión subió al 75%. Esto significa la gran oportunidad de proveeduría nacional ¿estamos preparados?, ¿estamos trabajando en ello? En lugar de comprarle a China y Corea, como actualmente se hacía, debemos de adquirir las partes y componentes en cualquiera de los tres países. Otro detalle interesante de la industria automotriz es que entre un 40% y 45% de la fabricación de un automóvil deberá contener mano de obra de al menos $16 dólares por hora. Esto significa mayores sueldos para los trabajadores de esta industria y seguramente menor beneficio para las armadoras. Otro cambio está en las farmacéuticas, donde se aumentaron las barreras de entrada de productos genéricos y biocomparables. Esto sugiere una protección para las farmacéuticas nacionales. ¿Estamos preparados? ¿Hay proyectos en puerta en este sector? Y finalmente un cambio fuerte es en cuanto a los derechos laborales, el nuevo tratado contempla un anexo en el que los tres países se comprometen a adoptar y cumplir normas y prácticas laborales conforme a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, no está claro cómo ese compromiso se va a traducir en acciones concretas. ¿Estamos preparados? ¿Las empresas están ya trabajando en este aspecto? Como nos sucede en la mayoría de los casos los “arreglos” se hacen, pero no hay un plan de preparación, de apoyo y de seguimiento para aprovechar las oportunidades o en su caso proteger de las desigualdades que existen entre los tres países. La respuesta sería, no estamos listos para esta nueva versión y los gobiernos no cuentan con un plan de trabajo para poder participar activamente y beneficiarnos de este tratado.
