La transparencia en nuestro país ha sido mal interpretada por parte de los gobiernos en el sentido de verla como una obligación que cumplir y no una rendición de cuentas que se da a la ciudadanía de manera comprensible.
Grandes proyectos (Tren Maya, NAIM, refinerías, etc.), o situaciones anormales como la pandemia que estamos viviendo, implicaría generar métodos específicos de transparencia respondiendo al interés público.
No podemos esperar los tres meses que otorga la Ley de Transparencia a los gobiernos para informar a la ciudadanía sobre situaciones de emergencia para ver en qué y cómo se ha gastado. Si a esto le sumamos que existen situaciones, como la actual, por el Covid-19, donde se generan lineamientos especiales para acelerar los procesos de compra como adjudicar directamente a un proveedor, aún excediendo los montos que normalmente la ley limita para que sean licitados; es entonces donde la transparencia se convierte en una necesidad básica para dar certidumbre a la ciudadanía sobre el correcto manejo de sus recursos tanto en legalidad como en criterio.
Hoy vivimos mucha incertidumbre sobre qué están haciendo los gobiernos municipales en todo el país para atender las necesidades de sus poblaciones. Además los organismos garantes de la transparencia, como es el caso del Ichitaip, tienen suspendidos los plazos a los que están obligados los gobiernos para responder ante solicitudes de información.
Me preocupó en sobremanera una evaluación a las ciudades capitales del país sobre la transparencia en cuestiones relacionadas al Covid-19 que realizó Cimtra (Ciudadanos por Municipios Transparentes), la cual tiene ya varios años evaluando al municipio de Chihuahua.
En esta evaluación se puede observar que solamente 9 de 32 capitales tuvieron una calificación aprobatoria (60%), en cuanto a los parámetros que se midieron. La calificación promedio a nivel nacional es muy baja (38.5%), lo cual indica que es escasa la información sobre el Covid-19 que se pone a disposición de la ciudadanía en los portales web de las capitales. Chihuahua capital obtuvo un 26% en el cumplimiento.
Parte de la información que verificaron la existencia en los portales oficiales de los municipios eran: información sobre el Covid, contactos de emergencia, padrones de beneficiarios de programas sociales, montos acumulados de lo gastado referente al Covid-19, facturas de las compras, etc. Estos datos son muy importantes para poder llevar una correcta contraloría ciudadana.
Cimtra nacional recomendó lo siguiente: “Ante esta situación, es importante que los órganos garantes diseñen un protocolo para garantizar el derecho a saber. Los sujetos obligados también deben generar protocolos para la adecuada rendición de cuentas y participación ciudadana. La ciudadanía debe involucrarse y activar mecanismos de participación para la vigilancia de las acciones de los entes públicos”.
Tenemos que impulsar que las administraciones de los diferentes órdenes de gobierno transparenten de forma proactiva todo lo relacionado con estos temas. Esto llevaría a generar certidumbre y devolver la confianza de la ciudadanía a sus gobiernos.
